Total respaldo a una ley inclusiva

El mismo consenso alcanzado en el seno del Congreso de la República para la aprobación unánime de la Ley de Consulta Previa también se ha dado en un amplio espectro de la sociedad peruana, incluyendo a los representantes de las comunidades indígenas, sectores empresariales y el Tribunal Constitucional (TC).

Quienes se oponían a la aprobación de dicha norma desarrollaron, durante el gobierno anterior, una campaña sistemática de intimidación y desconfianza, argumentando principalmente que su aprobación desalentaría y ausentaría a la inversión privada con capitales nacionales y extranjeros, especialmente en proyectos mineros y energéticos.

En su afán de prolongar la injusta marginación de nuestras comunidades nativas, con graves e irreparables daños a su territorio, recursos naturales, valores e identidad cultural, dicha campaña llegó al extremo de acusarlas de obstaculizar el progreso y desarrollo del país con una supuesta actitud egoísta y anacrónica.

Para mantener las puertas abiertas a un manejo unilateral y puramente mercantilista –sin responsabilidad social y las necesarias compensaciones– de los proyectos de explotación de recursos en territorios comunales, se pretendió incluso que el Perú infringiera el Convenio 169, de obligatorio cumplimiento suscrito con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo cual hubiera constituido un nefasto precedente en nuestra política exterior.

Por decisión y mandato del pueblo peruano, que votó por cambios profundos y estructurales con inclusión y justicia social, felizmente hoy la realidad es muy distinta y la propia empresa privada reconoce que la citada ley será en el futuro inmediato un adecuado instrumento para un desarrollo con equidad y preservación del medio ambiente.

El presidente del TC, Carlos Mesía, ha calificado a la aprobación de la mencionada norma de avance de concertación y entendimiento político, y destacó, además, que no afectará la atracción de inversiones y, por el contrario, contribuirá a resolver los conflictos sociales.

Hay que recordar que basándose en la validez y vigencia del Convenio 169 de la OIT y en la legislación nacional, ese alto tribunal dejó firmemente establecido mediante seis resoluciones la absoluta procedencia de la ley que ahora dispone la realización de consultas previas a las comunidades nativas antes de ejecutar actividades extractivas en sus territorios.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Carlos Durand, ha manifestado que su gremio confía en que la consulta previa reivindicará el mecanismo de diálogo permanente que debe existir entre las comunidades, el Estado y el sector privado interesado en desarrollar actividades económicas.

La Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap) ha saludado como histórico el acuerdo unánime del Congreso y ha garantizado que la nueva ley no afectará la ejecución de inversiones en esa promisoria región del país. Atrás quedaron los temores y desconfianzas, se abre paso un nuevo Perú para todos.